Controversia en la gestión hídrica de Jalisco y crisis por heladas en Atlanta: un panorama de contrastes
En un movimiento que ha generado debate sobre la administración de los recursos públicos y ambientales, el gobierno de Jalisco ha decidido extender su relación contractual con la empresa japonesa Mitsui. El objetivo declarado es la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado, una infraestructura operativa desde 2012 que, según las autoridades, requiere aumentar su capacidad en un 44 por ciento. Se proyecta que el saneamiento pase de 2 mil 250 a 3 mil 250 litros por segundo. Sin embargo, aunque este nuevo convenio asegura la operación de la empresa hasta el año 2040, persisten serias dudas sobre si esta medida logrará limpiar efectivamente los líquidos residuales de la región.
El gobernador Enrique Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano, dio el banderazo a las obras de ampliación el viernes pasado. Durante la ceremonia, calificó el proyecto como el legado ambiental de su administración, prometiendo sanear el 75 por ciento de las aguas vertidas al contaminado río Santiago. No obstante, las cifras técnicas pintan un escenario distinto: las descargas de El Ahogado representan, en el mejor de los casos, apenas el 30 por ciento de las aguas residuales de la zona metropolitana de Guadalajara. El 70 por ciento restante se sigue arrojando directamente al cauce en la barranca de Huentitán, evidenciando una desconexión entre el discurso oficial y la realidad hidrológica.
Ingeniería financiera y licitaciones a modo
El aspecto financiero del acuerdo ha levantado suspicacias. Desde la entrega original de la planta, que costó 900 millones de pesos, el erario jalisciense ha pagado un promedio anual de 137 millones a la firma nipona, sumando ya unos mil 600 millones entregados. Con el nuevo contrato, vigente de 2022 a 2040, Mitsui invertirá mil 64 millones, pero el estado se compromete a pagarles 5 mil millones de pesos más IVA a lo largo de 18 años.
Lo que molestó a diversos sectores empresariales fue la reforma a la Ley de Proyectos de Inversión realizada en mayo por el Congreso local. Dicha modificación estipulaba que quien presentara la propuesta de inversión —en este caso, Mitsui— tendría una ventaja de 15 puntos porcentuales en la licitación. Al contar con este margen, los demás consorcios optaron por retirarse, dejando el camino libre para la empresa japonesa.
Escepticismo social y advertencias ecológicas
La historia parece repetirse. En 2012, el entonces presidente Felipe Calderón y el gobernador Emilio González aseguraron que esta planta sería un “ejemplo nacional” que pondría fin a 450 años de contaminación. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace revelaron en 2016 que la planta dejaba sin tratar más de cien químicos orgánicos. Ante el nuevo anuncio, activistas, habitantes de la cuenca y casi un centenar de investigadores publicaron un desplegado criticando la insistencia en soluciones meramente ingenieriles.
El argumento de fondo, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que las plantas de tratamiento no son la solución idónea para los residuos industriales. Mientras no se frene el vertido de contaminantes de las cientos de fábricas cercanas, la estrategia oficial resultará insuficiente, beneficiando más a grupos de poder específicos que a la calidad del agua.
Colapso de infraestructura por clima extremo en el norte
Mientras en el occidente de México se discuten contratos a largo plazo, la infraestructura hídrica en Atlanta enfrenta una crisis operativa inmediata debido al clima. El Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas de esa ciudad ha reportado múltiples roturas en las tuberías principales, provocadas por las temperaturas congelantes que han azotado la región recientemente.
La situación ha derivado en cortes temporales del servicio y una reducción significativa en la presión del agua para los usuarios en las zonas afectadas. Más allá de la incomodidad doméstica, las autoridades han emitido alertas de seguridad vial. El agua que brota de las fugas tiende a acumularse y congelarse en las carreteras durante la noche y la madrugada, creando condiciones peligrosas para los automovilistas. Actualmente, se realizan trabajos coordinados con el Departamento de Transporte y seguridad pública para gestionar los riesgos mientras las cuadrillas intentan reparar los daños causados por la helada sostenida.