CIUDAD DE GUATEMALA (AP) – Una migrante indígena acusada de secuestro y encarcelada en un pueblo fronterizo en el norte de México regresó el domingo a su tierra natal de Guatemala como una mujer libre después de pasar más de siete años en prisión sin juicio.
Un tribunal mexicano ordenó el sábado la liberación inmediata de Juana Alonzo Santizo, de 35 años.
El tribunal dictaminó que no había pruebas consistentes en su contra, dijo Netzaí Sandoval, jefe de la oficina federal de defensores públicos de México.
Sandoval, cuya oficina se encargó de defender a Alonzo en 2021, afirma que fue torturada y obligada a firmar una confesión que no entendió porque no hablaba español.
La mujer maya chuj dejó su pueblo, San Mateo Ixtatán, en 2014 para emigrar a Estados Unidos, dijo. Fue arrestada por funcionarios de inmigración mientras se encontraba en Reynosa, una ciudad fronteriza mexicana frente a McAllen, Texas, y uno de los principales puntos de contrabando en el estado de Tamaulipas.
Luego, la policía la acusó de secuestro y la metió en la cárcel, dijo Sandoval. Dijo que las acusaciones no se tradujeron a su idioma chuj hasta este año.
Nunca fue sentenciada, nunca fue juzgada y estuvo todo el tiempo en “prisión preventiva”.
Una campaña para defender su libertad fue apoyada por grupos nacionales e internacionales y por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y la fiscalía de Tamaulipas retiró los cargos en su contra.
“Es un caso totalmente aberrante”, dijo Sandoval. Todos sus derechos fueron violados porque “ella es mujer, es indígena, es migrante, es pobre y no hablaba español”.
Un emocionado Alonzo fue recibido por su familia el domingo en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala y se derrumbó en los brazos de su padre y su tío. Sus familiares la ayudaron en la transición de los jeans a la ropa regional tradicional.
“Es fácil ir a la cárcel, pero es difícil salir de ella”, dijo Alonzo en un español incierto, que aprendió mientras estaba en prisión.
“No somos piedras, no somos cosas de plástico”. ella añadió.
Pedro Alonzo, un tío, dijo que había emigrado con la esperanza de ayudar a su familia.
“Su delito fue no poder hablar español. ¿Quién va a pagar esa cicatriz?”, dijo.
Según estadísticas del gobierno federal mexicano, el 43% de las personas recluidas en las cárceles del país no han sido condenadas ni sentenciadas.
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