CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Activistas y figuras de la oposición gritaron escándalo el miércoles después de que el Senado mexicano aprobara una ley para exigir a las empresas de telefonía móvil que recopilen datos biométricos y de identificación de los clientes, como huellas dactilares o escaneados oculares.

El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó el proyecto de ley, diciendo que es necesario luchar contra delitos como la extorsión y el secuestro que a menudo involucran el uso de teléfonos celulares.

La ley, ya aprobada por la Cámara de Diputados, otorgaría a las empresas de telefonía celular dos años para recopilar los datos y ponerlos a disposición del gobierno.

Grupos cívicos dijeron que la medida pondría en riesgo los datos personales de los clientes y haría poco para combatir el crimen. El gobierno mexicano ya ha probado los registros de teléfonos celulares sin éxito y ni siquiera ha podido bloquear las llamadas de teléfonos celulares desde el interior de las cárceles.

López Obrador, que aún no ha firmado el proyecto de ley para que se convierta en ley, dijo que “es solo un registro para cuidar a la población”, y agregó que “nunca vamos a espiar a nadie”.

Los críticos están más preocupados por la información filtrada o vendida, diciendo que en realidad podría ayudar a los ladrones, extorsionadores y secuestradores.

El grupo cívico Network for the Defense of Digital Rights dijo que “solo los países autoritarios” requieren tal información de los usuarios de teléfonos celulares y que los delincuentes podrían robar o clonar chips o teléfonos fácilmente para eludir los requisitos.

El grupo señaló que un registro similar intentado por una administración anterior entre 2008 y 2011 fue abandonado luego de la filtración de datos del usuario.

Dijo que incluso un registro gubernamental tan masivo de hasta 120 millones de líneas celulares sería vulnerable a los piratas informáticos.

Los opositores dijeron que intentarían bloquear la ley en los tribunales.