Para sancionar a los servidores públicos involucrados en el delito de asesinato de periodistas o defensores de derechos humanos, por sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, un diputado mexicano ha propuesto una pena de 50 a 60 años de prisión.

Artículo 19 de la organización indicó que, en los últimos años, el Estado mexicano “no está investigando los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio gobierno”.

La Cámara de Diputados de México informó, en un comunicado difundido este sábado, que la legisladora Carolina Dávila Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que reforma y adiciona la ley general de responsabilidades administrativas, el código penal federal y el Ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

La propuesta al Código Penal Federal establece que “si el homicidio se comete contra un periodista o un defensor de derechos humanos por razón de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se le impondrá una pena de 50 a 60 años”.

En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se propone adicionar el artículo 64 Quáter para señalar que “el funcionario público que, en el marco de su actuación, realice actos u omisiones que desacrediten, entorpezcan y limiten la labor de defensa de derechos humanos y periodistas”.

Asimismo, la reforma a la ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas prevé la creación del Registro Nacional de agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, el cual será público.

México es uno de los países más violentos del mundo para la profesión periodística y para las personas defensoras de derechos humanos: cada año se registran numerosos asesinatos, ataques e intimidaciones en su contra por parte del crimen organizado y las autoridades.