Academia de Ciencias de Uruguay

El Academia Nacional de Ciencias de Uruguay (ANCiU) se ha sumado a la lista de instituciones nacionales e internacionales que han deplorado la forma en que el proceso iniciado por la Procuraduría General de la República (FGR) contra 31 científicos, exdirectivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), y exhortó a que las acciones legales se lleven a cabo de conformidad con la ley.

A través de un comunicado de prensa, la junta directiva de la ANCiU destacó que actualmente en México “se vive una situación de extrema gravedad”. Esto luego de la denuncia interpuesta el 10 de julio de 2020 por Rosenda Cruz Vixtha, representante legal del Conacyt, ante la FGR, y por la cual la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero En dos ocasiones ha pedido que se emitan órdenes de arresto contra los 31 miembros de la comunidad científica.

“Pese a que en dos casos la justicia federal no encontró fundamentos para procesar penalmente, estas personas son acusadas de un impresionante cúmulo de presuntos delitos – peculado, blanqueo de capitales, delincuencia organizada – y se solicita su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad. . Sus derechos están seriamente amenazados”, dijo la institución.

Asimismo, explicó que con su cargo no pretende abandonar la idea de investigar el manejo de los recursos públicos, sino todo lo contrario, pero “en condiciones que permitan llegar a la verdad dentro del marco legal”. Se intenta criminalizar, con excesivas acusaciones multiplicadas por los medios, la actuación de personas que han representado a los cuerpos académicos en los órganos encargados de asesorar a los poderes públicos en la promoción del trabajo científico y tecnológico como formas de creación cultural y como herramientas de mejora de la calidad de las personas. de vida. Las divergencias en torno a qué políticas son las más adecuadas para tales fines deben abordarse en espacios plurales de discusión que respeten las divergencias propias tanto de la democracia como de la ciencia bien entendida. Eso no es lo que pasó. Se teme que este inapropiado proceso llevado a cabo por la Fiscalía General de la República de México genere brechas muy dañinas entre la ciencia y la sociedad mexicana”.

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Ante este panorama, la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay ha señalado que se suma a las expresiones que expresan “gran preocupación por los hechos que afectan negativamente la relación entre ciencia y sociedad y se permite solicitar respetuosamente al gobierno democrático de México que proteja el debido proceso a nivel de justicia”.

fjb

Carmelo Ramundo

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