Mientras tanto, se le devuelve al IFT la facultad de autorizar los mencionados códigos éticos de las emisoras y televisoras.

De hecho, cree que dejar este asunto en manos de los concesionarios “corre el riesgo de que su regulación no promueva la deliberación pública plural y cualitativa, en detrimento de los principios que rigen la democracia representativa (libertad de expresión y acceso a la información)”.

La declaración CIRT

En este sentido, la CIRT, institución autónoma que representa a más de 1.600 estaciones de radio y televisión afiliadas en todo el país, ha solicitado al tribunal en pleno que revise oportunamente el contenido del citado proyecto.

Para el presidente del consejo de administración del CIRT, José Antonio García Herrera, la obligación de distinguir entre contenidos informativos y de opinión sólo daría lugar a la censura.

“Si este curso de acción continúa, no tengan dudas, acudiremos a los organismos internacionales para demostrar la censura y el manto ominoso con el que algunos quieren cubrir a nuestro país”, dijo en un comunicado.

Además, expresó su preocupación “por el entramado sensorial que se le impone a la radio y televisión mexicana y en especial a nuestros comunicadores, y por supuesto contra el periodismo nacional que ha visto cifras récord en el número de compañeros muertos y amenazados”.