Narco y gobernadores: si viviéramos en un país normal


Dos historias sobre la relación de los gobernadores con el crimen organizado han sacudido a la opinión pública en las últimas semanas. El primero de Ricardo Ravelo, periodista de larga trayectoria en seguridad y narcotráfico, en el sitio Sin embargo, en el que le indica al gobernador Enrique Alfaro y a prácticamente toda la clase política y judicial de Jalisco que se involucren en la Nueva Generación. Cartel. Más recientemente, esta semana, una foto publicada por El Sol de México en la que se ve al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres delincuentes, seguida de dos excelentes columnas de Héctor de Mauleón en El Universal sobre la relación de Blanco y el PES con los narcó. Obviamente no son los únicos. El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también ha sido ampliamente debatido en los congresos federal y estatal, y el recién electo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha sido señalado por vínculos con la delincuencia. Al contrario, la historia fluye.

Si viviéramos en un lugar normal (Villalobos dixit), cualquiera de estas noticias hubiera conmocionado al país. De ser cierto qué significa ese vínculo entre el poder y el crimen organizado, de ser falso por la facilidad con que la gente escribe y se culpabiliza en este país sin asumir las consecuencias. Nos hemos acostumbrado al hecho de que el poder protege al poder. Se supone que detrás del crimen organizado hay al menos un acuerdo político, cuando no protección y negocios. Con la misma mala costumbre, planteamos la hipótesis de que, por buenas o malas razones, es posible realizar reportajes informativos, citando fuentes anónimas y que, aunque muchas veces son ciertas, otras simplemente se quedan en un golpe político y nadie se hace cargo. de ellos.consecuencias.

El gobernador de Jalisco dijo que ya demandó al periodista Ravelo por daño moral. Podemos discutir las muchas otras acciones y actitudes de Alfaro hacia la prensa, desde hacer públicos los incendios de periódicos hasta acusar a los periodistas de matones, pero nadie puede prescindir de él del derecho de esperar que los acusadores prueben lo que dicen. En el caso de Cuauhtémoc Blanco, las fotos son elocuentes y solo balbuceó explicaciones. Independientemente de las demandas, centavos y descaro, la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar qué hay de cierto en las denuncias que se hacen en el texto de Ravelo, qué hay detrás de las fotos y narcopancartas que señalan a Cuauhtémoc Blanco como socio de narcotraficantes y, sobre todo, todo, como autor intelectual de la muerte del activista Samir Flores.

Si viviéramos en un país normal, nadie publicaría un texto citando “documentos, informes de inteligencia y fuentes” sin hacerlo explícito; los gobernantes no amenazarían a los periodistas y los narcotraficantes no amenazarían a los gobernadores; sería la policía y no el crimen organizado la que investigaría el asesinato de un activista social y los delitos serían perseguidos, no solo un intento de disuadirlo con la presencia de la policía. Pero seamos realistas, nada es normal en un país donde la norma es que no se sigan las reglas y no se respeten las leyes.

diego.petersen@informador.com.mx

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Sarita Fallas

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